Dale a un idiota un uniforme y dile que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos. Siempre sucederá lo mismo, el idiota de turno se tomará la justicia por su mano y, contrariamente a lo que se le pedía, la pagará contra cualquiera. Con la policía pasa un poco de lo mismo. Ya todos sabemos lo que le pasó a un agricultor en El Ejido, o lo que hacían los mossos d'squadrea, o lo que acostumbran a hacer (aunque no se le de publicidad al asunto) las fuerzas de seguridad cuando detienen a un presunto etarra. Y peores son los matones que vigilan las puertas de las discotecas. Idiotas de gimnasio, hinchados a base de esteroides que les han afectado el cerebro, y que ahí encuentran el único lugar en el que alguien les puede hacer un poquito de caso.

La cuestión es que Metro de Madrid, que supongo que es una empresa pública o semipública, apenas tomó medidas en el asunto cuando supo de la existencia de esas agresiones. Según cuentan, hizo llegar las imágenes a las empresas de seguridad contratadas para que estas tomaran medidas. No hizo nada porque estas agresiones llegaran al juzgado. Prosegur, por su parte, presentó una denuncia ocho meses después de que tuviera conocimiento de lo ocurrido. De hecho, la presentó un par de días después de que se hicieran públicas estas grabaciones. Y siguen contratadas, como ya digo, a base de dinero público. Es decir, los ciudadanos financian con sus impuestos a empresas como Metro de Madrid. Y Metro de Madrid contrata a matones para garantizar su seguridad. Los matones agreden a los ciudadanos. Y Metro mantiene el contrato a esas empresas.