A lo largo y a lo ancho del mundo hay pueblo que, por el maltrato histórico sufrido, bien podrían ser incluidos en una lista de "eternos perdedores". Son aquellos que a lo largo de la historia han visto cómo sus derechos entraban en colisión con los intereses de países y estados más poderosos. Es el caso de los palestinos, o el de los saharauis. Ambos condenados a vivir como refugiados en las que siempre fueron sus tierras.

Hoy se conoce un informe que el Alto Comisionado para las Naciones Unidas intentó ocultar, y en el que se pide la inmediata autodeterminación para el Sahara. Llama la atención que la medida es contemplada como urgente, precisamente por las violaciones de sus derechos que los saharauis sufren frente a las fuerzas marroquíes. En tal situación, propiciar que el estado de las cosas siga igual es un crimen, puesto que supone sentarse a contemplar cómo se siguen cometiendo atrocidades. Por eso es urgente que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.

Francia fue siempre el gran valedor de Marruecos en esta contienda. España ejerció durante años de apoyo para la causa saharaui. Sigue habiendo vínculos muy fuertes entre el Sahara y España, como por ejemplo son los miles de niños saharauis que están acogidos por familias españolas debido a las penurias a las que están sometidos a vivir en su país. Lo preocupante es que España, en aras de unas mejores relaciones con Marruecos, parece que ha variado significativamente su posición histórica. El problema de fondo es que a los estados les gusta tratar con estados. En el concierto internacional hay tantas reclamaciones de independencia que nadie quiere apoyar decididamente a un grupo que lo que busca es la autodeterminación para su pueblo, puesto que siempre pueden estallar conflictos internos. Ese es un paralelismo que quizás se haga en España respecto a lo que sucede en el Sahara y en Euskal Herria, dos territorios que, aparte de su vocación independentista y nacional, son evidentemente muy diferentes.

Pero el problema de fondo quizás se parezca demasiado y sea muy simple. Si la mayoría de la población de un determinado territorio que pertenece a un estado mayor quiere ser independiente, es democráticamente justo que puedan conseguir sus fines. ¿Qué sucede cuando ese derecho no es respetado? ¿Es lícito recurrir a la violencia? Y, si recurrimos a la violencia, ¿hasta dónde se puede llegar? Estas son cuestiones que quizás merezcan un análisis más profundo. Hoy simplemente me alegro de saber que quizás un minúsculo paso se ha dado con la revelación a la opinión pública de ese informe de Naciones Unidas.